Zacapu, Mich., 02 de mayo de 2012.- Con la aprobación de la nueva Ley General de Atención a Víctimas la Cámara de Diputados alcanzó un logro importante, una conquista y un avance en la implementación de instrumentos jurídicos para beneficiar a la sociedad mexicana, afirmó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés.
En gira de trabajo por el Distrito de Zacapu, al cual representa en el Congreso de la Unión, el también Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recordó que hasta la fecha las víctimas de delitos como el secuestro, la extorsión y la privación ilegal de la libertad no tienen una herramienta legal que les permita demandar la reparación del daño.
Martín García Avilés informó que a partir de la promulgación de la Ley General de Atención a Víctimas se podrá solicitar la reparación del daño con recursos que provendrán de la creación de un fondo inicial de 270 millones de pesos que se irá incrementando con los recursos que se obtengan de fianzas, así como de bienes decomisados a la delincuencia organizada.
El legislador michoacano también destacó que para el efecto de garantizar el correcto funcionamiento de la nueva legislación se prevé la creación de un padrón nacional de víctimas, además de la conformación de un sistema nacional de atención a víctimas que dará servicios psicológicos y legales, entre otros, a los afectados por delitos como los antes mencionados.
Con este instrumento tan necesario y tan demandado por la sociedad, añadió García Avilés, la Cámara de Diputados da respuesta a los compromisos hechos en el Castillo de Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Finalmente, el Secretario de la Mesa Directiva recalcó la importancia de que la nueva Ley General de Atención a Víctimas obliga a los gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal, a trabajar en la prevención del delito y a fomentar la cultura de la denuncia, así como a investigar y sancionar a los servidores públicos que por negligencia, omisión o responsabilidad directa obstruyan la atención a los afectados por conductas ilegales que atentan contra la sociedad en general.